Absentismo

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma laboral aprobada el pasado

viernes y publicada en el Boletín Oficial del Estado del sábado 11 de febrero de

2012 es el derivado del cambio normativo que permite a una empresa despedir a

un trabajador si está enfermo nueve días no consecutivos en un periodo de 2

meses y no asista al trabajo.

El trabajador, aunque las causas de la inasistencia fuesen justificadas, sólo tendría

derecho a la indemnización mínima por causas objetivas de despido consistente en

20 días de salario por cada año de trabajo pero con un máximo de una anualidad.

Simplificando, si una persona con 20 años de antigüedad en una empresa y el

salario medio bruto en España que es de 22.511 euros anuales, según los últimos

datos del INE, tuviese la mala suerte de enfermar de forma intermitente un par de

veces en los últimos 60 días hasta verse obligado a faltar al trabajo un mínimo de 9

días podría ser despedido sin más con la citada indemnización máxima.

En el afán del Gobierno del PP y de la CEOE de reducir el absentismo laboral en las

empresas no han dudado en autorizar una iniciativa en la reforma laboral que

podría ser susceptible de inconstitucionalidad, según fuentes sindicales, ya que

choca frontalmente con el artículo 43.1 de la Constitución Española, que establece

"el derecho a la protección por salud".

La nueva redacción del artículo 52 letra

d

del Estatuto de los Trabajadores, -que

describe las causas de despido objetivo-, con la reforma laboral aprobada el pasado

viernes queda así: "Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero

intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses

consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce

meses". Traducido significa que si en dos meses hay 40 jornadas hábiles,

descontando los fines de semana, y se falta al trabajo más de 8 días el trabajador

puede ser despedido objetivamente.

Eso sí el artículo mantiene la protección a las embarazadas pues recuerda, entre

otros puntos, que "no se computarán como faltas de asistencia las ausencias

debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de

actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo,

maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por

embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o

accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios

oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas

por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por

los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda".

Mejor enfermedades largas No se considera falta de asistencia si la

enfermedad ha sido confirmada por los servicios sanitarios y tiene una

duración de más de 20 días.

Aquí surge otro problema por el interés empresarial en situar a las Mutuas, unas

organizaciones de origen patronal, en juez y parte de las revisiones médicas y

cuyos sanitarios, en mucho casos, cobran primas por acortar los periodos de baja.

La modificación aún está pendiente de aprobación, ya que de momento, el único

que puede determinar que el trabajador está recuperado de la baja es el médico de

cabecera de la Seguridad Social.

Así se recoge en la nueva reforma laboral aprobada por el Gobierno.

El artículo 52, letra d, del Estatuto de los Trabajadores establece que se podría

despedir por faltas justificadas superiores al 20% en dos meses o al 25% en cuatro

meses.

Sin embargo, se establecía la condición de que el absentismo total de la plantilla

debía superar el 2,5% en los mismos periodos de tiempo.

Con el nuevo texto de la reforma aprobada este viernes esta condición se elimina,

no siendo necesario para despedir la situación del resto de la plantilla.

Un trabajador con un turno de lunes a viernes debe acudir a su trabajo unas 45

jornadas, por lo que este 20% de faltas justificadas no podría superar los 9 días.

Esta situación podría ser inconstitucional, ya que entra en conflicto con varios

artículos de la Carta Magna, como el derecho a la protección de salud (Art. 43.1).

El artículo 52, d, del Estatuto de los Trabajadores antes y después de la reforma.

La reforma laboral da la posibilidad a las empresas, y por causas objetivas, de

despedir a un trabajador por un absentismo justificado del 20% en dos meses. Así

se establece en la nueva redacción del artículo 52, letra d, del Estatuto de los

Trabajadores, regulador del despido objetivo, y que con la reforma queda así: "Por

faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el

20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro

meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses". Esta nueva redacción de

dicho artículo podría ser inconstitucional, al entrar en conflicto, por ejemplo, con el

derecho a la protección de salud (Art. 43. 1. de la Constitución).

Esto significa que el Gobierno ha procedido a eliminar una de las condiciones que

permitían el despido objetivo por las causas anteriores, que determinaba que este

se podría llevar a cabo "siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del

centro de trabajo supere el 2,5% en los mismos periodos de tiempo".

Lo que no ha cambiado es la serie de situaciones que no computan como faltas de

asistencia: "No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo

anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la

misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores,

accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia,

enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y

vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada

por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días

consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de

violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de

Salud, según proceda."

Según cuenta Laboro, esto se traduce en que, basándonos en el límite del 20% de

faltas al puesto de trabajo en jornadas hábiles durante dos meses consecutivos

(unas 45 jornadas para un trabajador con turno de lunes a viernes), una empresa

podría prescindir de un miembro de su personal si este ha permanecido de baja

durante más de 9 días, pudiendo optar por despedirle con 20 días de indemnización

y un máximo de 12 mensualidades, tal y como permite el despido objetivo.

Los trabajadores a los que se conceda la baja por enfermedad podrían evitar su

despido si su ausencia justificada es superior a 20 días consecutivos por una baja

por enfermedad o accidente no laboral, como se delimita en los supuestos no

considerados como falta de asistencia. En este aspecto, tal y como recuerda

Laboro, jugarán un papel esencial las mutuas, a las que se otorga mayor

importancia en las empresas con la nueva reforma a la hora de dar las altas a los

trabajadores, aunque esta modificación aún está pendiente de aprobación. Por el

momento, el único que puede determinar que el trabajador está recuperado de la

baja es el médico de cabecera.