Reforma Laboral

 

MEDIDAS MÁS DESTACADAS DE LA REFORMA LABORAL





 

En materia de despidos

 
  • A partir de la reforma, se reduce con carácter general la indemnización por despido improcedente en los contratos indefinidos a
    33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades.
  • Se respetan los derechos adquiridos de los trabajadores: en los contratos
    suscritos con anterioridad a la reforma la nueva indemnización de 33 días sólo será de aplicación para el periodo de trabajo que se realice a partir de su entrada en vigor de la reforma conservándose el límite de 42 mensualidades en el cómputo total.
  • La indemnización por la extinción del contrato indefinido será 20 días por
    año trabajado con un máximo de 12 mensualidades en caso de despido procedente por causas objetivas.
  • El FOGASA sólo cubrirá la extinción de los contratos por despidos procedentes en PYMEs.
  • Se exige que el empresario, cuando lleve a cabo una modificación
    técnica
    a la que se deba adaptar el trabajador, le ofrezca un curso para que pueda formarse; dicho periodo formativo suspende el contrato y el trabajador cobra su salario. Únicamente se podrá despedir al trabajador por falta de adaptación si antes se ha facilitado esta formación sin resultados.
  • Se incorpora la obligación para empresas que despidan a más de 100
    trabajadores de articular un plan de recolocación externa
    diseñado para un periodo de, al menos, seis meses.
  • En la extinción de la relación laboral por causas empresariales: se
    clarifican las causas del despido para evitar la excesiva judicialización, se
    elimina la autorización administrativa previa y se abre la posibilidad de que
    organismos y entidades del sector público invoquen causas económicas, técnicas,
    organizativas y de producción, para facilitar el redimensionamiento de las
    estructuras administrativas que crecieron desmesuradamente durante la fase de
    fuerte crecimiento económico y que no son sostenibles ni existe una previsión de
    que lo sean en los próximos años.
 
Reforma de la negociación colectiva.
 
  • Prioridad de los convenios de empresa: con independencia de
    lo que se pacte a nivel superior, los representantes de los trabajadores y el
    empresario pueden consensuar un convenio de empresa que se adapte a sus
    necesidades y particularidades, acuerdo que tendrá prioridad sobre cualquier
    otro.
  • Se facilita a las empresas en dificultades el “descuelgue”
    —la no aplicación— del convenio de ámbito superior: en caso de que no exista
    acuerdo, las partes irán a la solución extrajudicial de conflictos y, en su
    caso, al arbitraje si lo han pactado en el convenio colectivo. De no ser así,
    cualquiera de las partes podrá elevar el desacuerdo a la Comisión Consultiva de
    Convenios Colectivos nacional o sus equivalentes autonómicos, que nombrará un
    árbitro que resolverá en un máximo de veinticinco días.
  • Limitación de la ultractividad de los convenios: las partes
    deberán negociar un nuevo convenio en el plazo máximo de dos
    años,
    a partir de los cuales el convenio ya no estará
    vigente.
 
ETTs como agencias de
colocación

Se autoriza a las Empresas de Trabajo Temporal para actuar
como agencias privadas de colocación
—colaboración público-privada— por
contar con una amplia red de sucursales en todo el territorio y con experiencia
en el mercado laboral. Con ello se pretende contribuir a reducir la duración
media del desempleo y mejorar la calidad de los emparejamientos, para que los
trabajadores tengan acceso a los empleos más adecuados a sus características, y
las empresas contraten a los trabajadores mejor preparados para los puestos
ofertados. En ningún caso las ETTs cobrarán a los
trabajadores.


 

Bonificaciones para fomentar la contratación de
desempleados con especiales dificultades para su incorporación al mercado
laboral.

 
  • Jóvenes: bonificación en la cuota de la Seguridad
    Social de hasta 3.600 euros
    a la contratación indefinida de jóvenes
    entre dieciséis y treinta años durante tres años. La bonificación se incrementa
    conforme aumenta la antigüedad del trabajador: 1 año, 1.000 euros; 2 años, 1.100
    euros; 3 años: 1.200 euros. Se aplicarán 100 euros más al año si el trabajador
    es mujer en sectores donde este colectivo está poco representado.
  • Parados de larga duración: bonificación de hasta 4.500
    euros
    a la contratación indefinida de desempleados de larga duración
    mayores de 45 años (desempleados, al menos, 12 meses de los 18
    anteriores): 1 año, 1.300 euros; 2 años, 1.300 euros; 3 años, 1.300 euros.
    Cuando los contratos se concierten con mujeres en sectores donde este colectivo
    está poco representado, las bonificaciones indicadas se elevan a los 1.500
    euros.
 
Contrato indefinido de apoyo a los
emprendedores.
 
  • Se trata de un nuevo contrato indefinido para Pymes y Autónomos
    (empresas de hasta cincuenta trabajadores).
  • Tendrá un período de prueba de un año.
  • La empresa tendrá derecho a una deducción en su cuenta fiscal de
    3.000 euros
    cuando contrate a su primer trabajador, siempre que tenga
    menos de 30 años.
  • Los emprendedores que contraten a un trabajador en paro podrán
    deducirse fiscalmente el 50% de la prestación por desempleo que viniera
    cobrando el trabajador durante un año.
    Por su parte, el
    trabajador podrá voluntariamente percibir, junto con su
    sueldo, el 25% de la prestación por desempleo
    durante el mismo
    periodo.
 
Formación
 
  • Se introduce el derecho de trabajadores con más de un año de antigüedad a un
    permiso retribuido de veinte horas anuales de formación. El
    contenido de la actividad formativa debe estar vinculado al puesto de trabajo.
  • Se crea una cuenta formación en la que se recogerá la
    formación recibida por el trabajador a lo largo de su vida activa.
  • Los centros y entidades de formación acreditados podrán también ejecutar
    directamente los planes de formación a nivel estatal y autonómico.
  • Futuro desarrollo de un Cheque-Formación.
 
Indemnizaciones a directivos de las entidades
de crédito
 
  • Se limitan las indemnizaciones por cese de actividad de los
    directivos
    de las entidades de crédito participadas mayoritariamente o
    apoyadas financieramente por el FROB que  no podrán superar la
    menor de las siguientes cuantías: dos veces las bases máximas resultantes de las
    aplicaciones de las reglas aprobadas por el Real Decreto Ley 2/2012 de saneamiento del sector financiero o
    bien dos años de remuneración fija estipulada.
  • Si el directivo es objeto de expediente sancionador
    conforme a la Ley de Disciplina e Intervención bancaria, su cese será
    considerado como un despido disciplinario y no tendrá derecho
    al cobro de indemnización de ningún tipo.
Otras medidas
destacadas
 
  • Limitación del encadenamiento de contratos temporales: a
    partir del 31 de diciembre de 2012 se recupera la prohibición de encadenar
    contratos temporales más allá de los 24 meses.
  • Impulso de la utilización del contrato a tiempo parcial: se
    admite la posibilidad de que se realicen horas extraordinarias.
  • Regulación del teletrabajo: se garantiza el derecho a una
    retribución equivalente a los que trabajan de forma presencial y a ser
    informados de vacantes en puestos presenciales,  salvaguardando además el
    derecho a la formación de estos trabajadores.
  • Se posibilita la capitalización del 100% de la prestación por
    desempleo
    para jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años que
    inicien una actividad como trabajadores autónomos.
  • Se elimina el sistema de clasificación de trabajadores por
    categorías
    profesionales y se generaliza el sistema de grupos
    profesionales, que según el Gobierno favorecen la movilidad interna y suponen
    una oportunidad para que el trabajador adquiera experiencia en otros ámbitos de
    actividad donde sus habilidades pudieran ser semejantes o, incluso, mayores.
  • Se simplifican los trámites para reducir la jornada de trabajo
    o suspender el contrato como mecanismo de ajuste ante situaciones de
    disminución de la demanda, eliminándose la autorización administrativa necesaria
    para llevar a cabo la medida.
  • Se impulsará que los desempleados que estén cobrando la
    prestación
    realicen servicios de interés general en beneficio
    de la comunidad
    a través de convenios de colaboración con las
    Administraciones públicas.
  • No se podrá incluir ninguna cláusula que suponga una indemnización
    del personal directivo del sector público estatal
    superior a siete días
    por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis
    mensualidades.